Un análisis de la ley de energías renovables de Argentina

windrader-659035_1920El Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” (IAE), la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES) y el Instituto de Políticas para el Sector Energético (IPSE); llevaron a cabo el pasado 2 de junio, un Taller sobre sobre el programa RenovAR implementado por el gobierno argentino para el abastecimiento de energía eléctrica a     partir de energías renovables; del cual participaron especialistas de la industria energética, inversionistas, especialistas en energías renovables y representantes del sector académico y gubernamental.

Las principales conclusiones publicadas en el Documento Final del mencionado Taller, destacan como sobresalientes los siguientes puntos:

  1. El haber establecido por ley un Objetivo cuantitativo de participación en la matriz eléctrica para el año 2025 del 20 % del consumo eléctrico total.
  2. La creación de un Régimen de beneficios fiscales para apoyar al inversor en este tipo de Energías.
  3. La creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Energías Renovables (FODER).
  4. La asignación a actores del mercado la obligatoriedad de adquirir parte de la Energía Renovable de este programa.

Así mismo se puntualizan en el documento dos cuestiones que merecerían ser corregidas en futuras modificaciones del texto legal, una cuestión referida a lo que se considera o no energía renovable; al considerar que es erróneo en la definición del texto legal, la exclusión del concepto de Energía Renovable a la Energía Hidroeléctrica de más de 50 MW; por cuanto va en contra de la ciencia y de la técnica, ya que la energía hidroeléctrica es renovable en todo su rango de potencia, se concluye.

La otra cuestión a corregir es la referida a que la ley postula que las fuentes de energías renovables deberán alcanzar el 8% del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2017. Para alcanzar dicho objetivo, sería necesario instalar unos 3.000 MW en poco más de un año, lo cual es materialmente inalcanzable. Con respecto al objetivo para el año 2020 de alcanzar el 20% del consumo eléctrico, se considera que el mismo deberá ser validado por el Plan Estratégico que está siendo elaborado en el Ministerio de Energía y Minería.

Un tema que requiere un análisis más profundo y con intervención de otras áreas gubernamentales además del Ministerio de Energía; es el de la participación de la industria nacional; al ponerse de manifiesto durante el Taller que no existe consenso entre las posturas de quienes defienden la participación de la industria nacional y quienes privilegian la instalación segura de este tipo de tecnología en términos de potencia instalada.

Con respecto a los aspectos Fiscales se puntualizó la necesidad de definir un plazo máximo de devolución anticipada del IVA por parte de la AFIP; para que no dependa de la voluntad de un funcionario y de la disponibilidad de recursos; ya que la demora de esa devolución es obviamente un perjuicio financiero para la empresa pero también tiene el costo económico de la inflación o pérdida de valor de la moneda.

La Exención de Derechos de Importación, también requiere de una aclaración, ya que no es idéntico lo que dice la ley de lo que dice su reglamentación; al no entenderse si se supedita a la existencia de producción nacional solo para la introducción de bienes para la producción de equipamiento destinado a la producción de energía eléctrica o para los proyectos en sí.

Otro aspecto que se considera muy relevante en el documento final, es el referido al canon o regalías provinciales; ya que la ley dice que el acceso a las fuentes de energía no estará grabada por ningún tributo local. Pero la constitución acuerda a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Entonces, vale preguntarse: ¿Son la radiación solar y los vientos recursos de dominio originario como los yacimientos minerales e hidrocarburíferos?. Esto va en consideración de que ya hubo un intento por parte de un gobierno provincial de aplicar un canon por regalía al viento.

Dentro del traslado de precio en los contratos previsto en la ley, se excluye los incrementos fiscales de este tipo, por lo que un aumento de algún tributo local puede destruir la ecuación económica de cualquier proyecto. Se supone entonces que los inversores no aceptarían ningún proyecto localizado en provincias que no tenga una clara ley de adhesión provincial a la ley 27.191; se señala en el documento.

También parece fundamental para cualquier proyecto que haya esta adhesión de las provincias y de los municipios; ya que según se indica, los impuestos provinciales, los impuestos municipales; y otros plantean riesgos importantes para el nuevo régimen, ya que no habría proyecto que los resista si son aplicados por ejemplo por 20 años. Tampoco se ha considerado y es importante hacerlo, es el de no haber previsto un “régimen de estabilidad fiscal”; lo que plantea fuertes dudas para el mantenimiento de la ecuación económica – financiera de los proyectos.

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